La aparición casi simultánea de reformas educativas similares en distintos países y continentes, a pesar de materializarse en tiempos, lugares y formas diferentes, ha llevado a sugerir que las reestructuraciones actuales de la educación superior, que siguen las directrices de los organismos internacionales (Banco Mundial, FMI, OCDE, etc.), han de entenderse como un fenómeno global y coherente con la ofensiva neoliberal que se vive en todos los campos y todos los frentes, indistintamente de centros y periferias en donde, a parte de algunos matices, tan sólo cambia el grado de persuasión en los países empobrecidos. Los conflictos que se dirimen en la educación superior, en definitiva, no son más que una parte de la crisis más general de la política y de la ciudadanía en el capitalismo global.

La aplicación de la declaración de Bolonia en Europa se está enmarcando en las directrices emanadas del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS, o GATS en inglés), que establece que los servicios educativos deben ser considerados como productos, es decir, como cualquier otra mercancía que se compra y se vende. Considerando legítima la intervención del Estado sólo para hacer la gestión y desarrollar políticas puntuales que compensen a algunos sectores sociales necesitados. Por eso, en el Tratado por el que se establecía una Constitución para Europa, los servicios públicos pasaban a llamarse Servicios Económicos de Interés General (SIEG), estableciendo que la gestión de estos servicios se tendrían que sujetar 'a las normas sobre competencia' (artículo III-166.2). En este contexto la educación superior deja de ser considerada de manera explícita y taxativa como un derecho público que el Estado ha de garantizar.